Voluntarismo tributario

Luis Felipe Lagos

Existe voluntarismo tributario en algunos programas de gobierno. El caso más extremo y controversial es la candidatura de Gabriel Boric, con su propuesta de una alza en la recaudación a PIB de 8 puntos porcentuales, un 40% de aumento, en un período de ocho años.

Para justificar este incremento, se usa como referencia el promedio de 34% de los países de la OCDE; lo que es una comparación incorrecta. La mayoría son países ricos y parte de su recaudación correspondiente a las contribuciones de seguridad social, que en el sistema de capitalización individual de Chile no son un impuesto. Si comparamos la recaudación estos neta de seguridad social y cuando los países eran similares a nuestro en cuanto a PIB per cápita, la brecha en recaudación se reduce a solo tres puntos.

Plantear un incremento en la recaudación en ocho años, cuando los períodos presidenciales son de cuatro, es irresponsable. El incentivo es aumentar los gastos en los primeros cuatro años, y dejar al próximo gobierno la responsabilidad de hacer un ajuste.

La evidencia reciente del gobierno de Bachelet, cuya reforma tributaria logró la mitad de los tres puntos que tenía como objetivo; la caída en la inversión en los cuatro años de su mandato y el estancamiento, en términos per cápita, de la economía, permiten concluir que el aumento de recaudación no se logrará.

Son numerosas las modificaciones tributarias del programa; tres son los impuestos más perjudiciales. Un royalty a la minería, que de ser similar al proyecto actual en discusión, ahuyentaría la inversión minera del país. La propuesta de desintegración del impuesto personal con el de la empresa llevaría a una doble tributación: las utilidades de la empresa con una tasa de 27% y los retiros o dividendos pagarían el impuesto a la renta personal.

Si los dividendos tributarán con las tasas del impuesto global complementario, y no con una tasa única reducida, el impuesto total marginal máximo ascendería a 56%, muy por encima de la media de los países ricos de la OCDE, generando un desincentivo a la inversión, empleo y emprendimiento. Además, la desintegración rompe la equidad horizontal: a igual ingresos, si provienen del trabajo pagarían menos que si corresponden al capital. Fatal para la inversión resulta la propuesta de una sobretasa a las utilidades retenidas, como se menciona en el programa sin mayores detalles. Estas utilidades ya han pagado la tasa de 27%, una de las más altas en la OCDE, y son recursos que se destinarán a financiar una futura inversión.

Chile requiere atender las demandas sociales: mejores pensiones, mayor calidad de la educación, salud pública y acceso a la vivienda. Al mismo tiempo, debe fortalecer el crecimiento de tendencia e iniciar un proceso de consolidación fiscal que reduzca el abultado déficit fiscal y estabilice la deuda a PIB. La evidencia sugiere que un ajuste fiscal que limita el crecimiento del gasto es más efectivo en estabilizar la deuda, y es menos recesivo que uno basado en aumentos de impuestos. Incluso, si se acompaña con otras políticas pro crecimiento, puede ser expansivo (Alesina y Ardagna 2012).

Más que una agresiva reducción de la tributación, se precisa un cambio en la estructura tributaria: reducir la tasa corporativa a la media (23%), o algo menor, de la OCDE, dado que este es el impuesto más dañino para el crecimiento ( FMI 2021); mantener mecanismos de depreciación instantánea y eliminar algunas exenciones, junto con la implementación de un impuesto negativo al ingreso, que logrará un aumento gradual y acotado en la recaudación.